Uno de los principios básicos de la política de sustitución de importaciones fue el reconocimiento de las desventajas inherentes al contexto de un país subdesarrollado para establecer una industria eficiente.
Los subsidios se hacían con la intención de sustentar las ganancias, compensando por la falta de externalidades, por la poca confiabilidad de los servicios básicos, por la insuficiente escala del mercado,etc. Gradualmente, los subsidios también se convirtieron en una recompensa por seguir las políticas del gobierno (instalándose, por ejemplo, en regiones remotas cuyo desarrollo estaba siendo fomentado). El
corolario de estas políticas, en lo que a la infraestructura física se refiere, fue hacer más énfasis en la cobertura que en la calidad, fue invertir fundamentalmente en la expansión y muy poco en mantenimiento o en mejoras. Esto, por supuesto, perpetuó la falta de externalidades adecuadas y la necesidad de subsidios y protección para compensar por ello a las empresas. Además, puesto que estos servicios eran generalmente públicos y con precios subsidiados, quejarse del mal servicio telefónico o eléctrico,de los huecos en las vías o de los días sin suministro de agua se convirtió en una conversación de rutina sin que nadie ejerciera la debida presión para exigir su mejoramiento.
Esta tolerancia frente a unos servicios deficientes pero subsidiados acompaña la idea, fuertemente enraizada, según la cual la naturaleza estratégica de las redes de infraestructura hace indispensable su control por parte del Estado. Esto ha llevado a situaciones sin salida. Cuando las severas restricciones financieras hacen imposible que los gobiernos se embarquen en inversiones significativas de mejoramiento, ni la privatización ni los incrementos de precio son ideológicamente aceptables. Esta resistencia popular es estimulada y fuertemente reforzada por todos aquéllos cuyo interés en la conservación del control público tiene que ver con prácticas corruptas, lo cual desafortunadamente es común en estas empresas.
Una circunstancia que tampoco contribuye a facilitar la aceptación del traslado de estas redes a la responsabilidad privada es que varios de los procesos ya efectuados se han caracterizado por las mismas viejas prácticas clientelares, de nepotismo, colusión y corrupción. Con ello la "solución" preserva el problema y el proceso se auto-obstaculiza.
